Para los opositores de Convergencia Nacional (CN), el proyecto de Ley de Telecomunicaciones buscaría el control de los medios de comunicación y la restricción a determinadas informaciones por parte del Gobierno.
De acuerdo a la futura norma, los proveedores de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión deberán migrar sus autorizaciones transitorias en un plazo de un año, a partir de la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones, según establece el anteproyecto normativo que será tratado en las siguientes semanas.
El 6 de diciembre de 2010, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 726 debido a que no pudo cumplir con el plazo constitucional sobre la migración de concesiones en el sector de telecomunicaciones, minería, electricidad y áreas forestales, por lo que dejó las licencias de manera transitoria hasta la promulgación de una nueva ley.
No obstante, el proyecto de Ley de Telecomunicaciones provocó susceptibilidad en diputados de oposición porque consideran que con la futura normativa se quitará las licencias a los medios que el Gobierno considera opositores. La diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola, manifestó que el Gobierno trataría de controlar a los medios de comunicación aplicando preceptos legales similares a Venezuela, para regular el flujo informativo de medios audiovisuales, red informática y nuevas tecnologías.
FRECUENCIAS
El artículo 127, sobre migración, parágrafo I del anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, establece que la Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) establecerán un “cronograma de migración y adecuación, así como los mecanismos para este fin”.
El mismo parágrafo, determina que el plazo para los “operadores, proveedores de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, conforme al régimen legal anterior deberán migrar sus autorizaciones transitorias especiales, licencias autorizaciones y registros – en un plazo- máximo de 12 meses a partir de la aplicación de la ley”.
En el parágrafo IV, sostiene que la adecuación y migración de Bolivia TV, Radio Patria Nueva, Redes de la Policía Boliviana y Defensa del Estado, serán automáticas, debiendo para el efecto sólo registrar sus estaciones de transmisión ante la ATT.
TRANSITORIO
Según información de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) las concesiones de las empresas televisivas y radiodifusoras suman más de 1.500, que aún mantienen las concesiones adquiridas en tanto se establezca una nueva normativa en el país. No obstante, el número total de las telecomunicaciones son aproximadamente 3.500, a nivel nacional.
El Decreto Supremo 726, en su artículo único, parágrafo I, establece que “las concesiones mineras, de recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y de servicios básicos, otorgadas con anterioridad al 6 de diciembre de 2010, a partir de la aprobación del presente Decreto Supremo se adecuan al ordenamiento constitucional vigente, transformándose automáticamente en Autorizaciones Transitorias Especiales en tanto se realice su migración de acuerdo a la normativa sectorial a emitirse”.
PLAZOS
Aunque el Gobierno en su oportunidad negó que existiera incumplimiento en el plazo constitucional y por el contrario, aseguró que se trabajó en la normativa, la CPE, en su disposición transitoria octava, establece “en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”. El plazo terminó el 6 de diciembre pasado.
De acuerdo a las disposiciones del proyecto de ley en mención, respecto al espectro electromagnético, estará definido en el “Plan Nacional de Frecuencias y su administración, autorización, control, fiscalización de las frecuencias electromagnéticas en redes de telecomunicaciones, radiodifusión y otras en el territorio nacional, estará a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT)”, establece.
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