LEY N° 1080
LEY DE 11 DE JULIO DE 2018
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL
ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por
objeto establecer las condiciones y responsabilidades para el acceso
pleno y ejercicio de la ciudadanía digital en el Estado Plurinacional
de Bolivia.
ARTÍCULO 2. (ALCANCE). La presente Ley es aplicable
para todas las ciudadanas y los ciudadanos del Estado Plurinacional de
Bolivia, y las entidades públicas y privadas que presten servicios
públicos delegados por el Estado, en todos los Órganos y niveles de
gobierno. Su implementación será paulatina conforme a la capacidad
institucional de las mismas.
ARTÍCULO 3. (MARCO CONSTITUCIONAL). La presente Ley
se enmarca en los Artículos 21 numeral 6, 24, 103 Parágrafo II, y en la
competencia exclusiva establecida en el numeral 2 del Parágrafo II del
Artículo 298 de la Constitución Política del Estado.
ARTÍCULO 4. (CIUDADANÍA DIGITAL).
I. La ciudadanía digital consiste en el
ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de
información y comunicación en la interacción de las personas con las
entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados
por el Estado.
II. El uso de los mecanismos de la
ciudadanía digital implica que las instituciones mencionadas en el
Parágrafo anterior, puedan prescindir de la presencia de la persona
interesada y de la presentación de documentación física para la
sustanciación del trámite o solicitud.
ARTÍCULO 5. (EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DIGITAL).
I. Las bolivianas y los bolivianos,
extranjeros residentes en Bolivia, mayores de dieciocho (18) años de
edad, y aquellos menores de edad conforme a la capacidad que les
reconozca el ordenamiento jurídico, mediante el registro ante las
entidades responsables, deberán obtener sus credenciales de ciudadanía
digital, las cuales sólo podrán ser administradas por el interesado.
II. La Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnologías de Información y Comunicación – AGETIC, desarrollará los
lineamientos técnicos del registro para el acceso a la ciudadanía
digital.
III. Las instituciones públicas y privadas
que presten servicios públicos, deberán compartir datos e información
que generen en el marco de la ciudadanía digital a los fines
establecidos en la presente Ley y en observancia a su normativa
específica, a través de mecanismos de interoperabilidad.
ARTÍCULO 6. (GESTIONES DIGITALES). La ciudadanía
digital permite realizar por medios digitales ante entidades públicas y
privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, de
manera segura, confiable e ininterrumpida, las siguientes acciones:
- Iniciar y gestionar trámites hasta su conclusión de acuerdo a normativa vigente;
- Acceder a servicios de la administración pública y privada que presten servicios públicos;
- Formar parte de espacios de participación y control social, y
acceder a la información que brinde el Estado de acuerdo a la normativa
que rige dichas materias;
- Otros de acuerdo a normativa vigente.
ARTÍCULO 7. (PAGO DE TRÁMITES O SERVICIOS). En el caso de los trámites o servicios que tengan un costo, los pagos podrán realizarse a través de medios digitales.
ARTÍCULO 8. (VALIDEZ JURÍDICA).
I. Todo acto que se realice mediante el ejercicio de la ciudadanía digital, goza de plena validez jurídica.
II. Los documentos o solicitudes generados
a través de ciudadanía digital, o firmados digitalmente, deben ser
aceptados o procesados por todas las instituciones públicas y privadas
que presten servicios públicos. El incumplimiento de esta disposición
está sujeto a responsabilidad por la función pública; para el caso de
instituciones privadas que presten servicios públicos, el ente que
ejerza supervisión respecto a sus funciones, deberá establecer los
mecanismos pertinentes a fin de dar cumplimiento a esta norma.
III. Las solicitudes realizadas a través de
la ciudadanía digital no requieren el uso de firma digital, con
excepción de los actos de disposición de derechos.
IV. Sin perjuicio de lo establecido en
normativa específica, las instituciones públicas y privadas que presten
servicios públicos delegados por el Estado, podrán realizar
notificaciones digitales previa conformidad de la o el administrado; el
documento se tendrá por notificado el momento en que sea recibido en un
buzón de notificaciones de la o el administrado.
ARTÍCULO 9. (RESPONSABILIDAD). Las y los administrados son responsables del uso y manejo de sus credenciales para el ejercicio de la ciudadanía digital.
ARTÍCULO 10. (IMPLEMENTACIÓN). La AGETIC
establecerá y dirigirá los lineamientos y estándares técnicos a ser
adoptados para la implementación de ciudadanía digital, en tal sentido:
- Las instituciones públicas y privadas que prestan servicios
públicos delegados por el Estado, tienen la obligación de generar
condiciones y herramientas para el acceso a ciudadanía digital, debiendo
adaptar sus procesos y procedimientos a los lineamientos y estándares
técnicos establecidos por la AGETIC, en el marco de la presente Ley.
- Las entidades territoriales autónomas podrán incorporar la
ciudadanía digital a los servicios que proporcionan, en el marco de sus
competencias. Para tal efecto deberán cumplir lo establecido en la
presente Ley.
- La implementación de ciudadanía digital incluirá acciones de simplificación de trámites.
ARTÍCULO 11. (PROHIBICIONES Y SANCIONES). El uso
indebido, suplantación, alteración, modificación o venta de
credenciales, datos o información, serán sancionados conforme a
normativa vigente.
ARTÍCULO 12. (PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA).
I. Las y los servidores y funcionarios
de las instituciones previstas en la presente Ley, utilizarán los datos
personales y la información generada en la plataforma de
interoperabilidad y ciudadanía digital únicamente para los fines
establecidos en normativa vigente.
II. El incumplimiento de la anterior
previsión, será sujeto a responsabilidad por la función pública; para
el caso de instituciones privadas que presten servicios públicos
delegados por el Estado, el ente que ejerza supervisión respecto a sus
funciones deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar
cumplimiento a esta norma.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
ÚNICA. La implementación de ciudadanía digital en
las instituciones públicas, será financiada al interior de su
presupuesto institucional y no comprometerá recursos adicionales al
Tesoro General de la Nación – TGN.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. En un plazo de hasta sesenta (60) días
hábiles computables a partir de la publicación de la presente Ley, la
AGETIC establecerá los lineamientos y estándares técnicos a ser
adoptados para la implementación de ciudadanía digital y la
notificación electrónica.
SEGUNDA. Las instituciones públicas del nivel
central del Estado, generarán mecanismos que garanticen la
implementación práctica y el acceso a la ciudadanía digital, en el
plazo máximo de un (1) año a partir que la AGETIC publique los
lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados para la
implementación de ciudadanía digital.
TERCERA. Las entidades públicas deberán, en el marco
de sus posibilidades, facilitar logística operativa, información e
infraestructura requeridos por la AGETIC para la autenticación y
registro de ciudadanía digital.
DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA
ÚNICA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil
dieciocho.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña,
Patricia M. Gómez Andrade, Erwin Rivero Ziegler, Sebastián Texeira
Rojas, Raúl Rocha Ayala.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani,
Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo
Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis
Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza,
Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique
Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo
Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar
Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina
López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
