Daño económico. La Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí, perdió casi 90.000 Bolivianos en dos procesos judiciales por mal asesoramiento legal que, probablemente, tuvieron las autoridades de Cotap.
Las autoridades de la cooperativa telefónica pagaron un total de 85.000 Bolivianos al ex gerente general de Cotap, José Sanabria, por concepto de beneficios sociales.
Los consejeros exoneraron a esa ex autoridad, sin tomar en cuenta el proceso laboral por beneficios sociales que por derecho, le correspondía iniciar a Sanabria.
Sin embargo, al parecer, no hubo un adecuado asesoramiento jurídico en el presente caso ya que sin tomar los aspectos legales prescindieron del servicio del ex gerente.
Los motivos verdaderos de la destitución del ex gerente aún son desconocidos y, tal vez, no fue informado a los socios de base de la cooperativa telefónica.
El segundo proceso por el cual la cooperativa debe cancelar más de 35.000 Bolivianos es por haber cesado las funciones del ex consejero Armando Caso de Cotap.
Los argumentos jurídicos utilizados sirvieron para que presente un amparo constitucional cuya resolución salió favorable para el ex consejero.
Este caso, al parecer, no fue bien interpretado los actuales estatutos de la cooperativa telefónica ya que se dijo que Armando Caso debía cumplir solo un año calendario de gestión como consejero, pero había otra interpretación que hablaba de dos años.
Aparentemente la cooperativa telefónica marcha sin asesoramiento legal en esos temas ya que las decisiones que se toman en la asamblea de socios, al parecer, son arbitrarias y eso causa daño económico.
Para el consejero Eddy Fernández, la "batalla" judicial aún no está pérdida ya que la resolución del amparo constitucional fue en revisión al Tribunal Constitucional.
Afirmó que Armando Caso presentó el recurso legal fuera del plazo previsto, pero dijo no entender las normas jurídicas que están en actual vigencia. "Haremos una auditoria jurídica en Cotap -anunció- porque aquí, lamentablemente, por falta de un buen abogado perdemos y perdemos juicios y, obviamente, el que tiene que pagar es la cooperativa. Nosotros los socios tenemos que pagar de esta mala conducción jurídica".
Las dietas no pagadas
El consejero de la Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí (Cotap), Eddy Fernández, afirmó que de salir favorable a Armando Caso en el Tribunal constitucional, se deberá cancelar por los 10 a 12 meses de dietas no pagadas.
"Lo que dice la ley, hay que cumplir", dijo al señalar que por ese concepto la suma alcanza a 35.000 Bolivianos aproximadamente. "Eso será viable una vez que retorne de Sucre el fallo ratificado. Respetaremos el fallo", agregó al comentar que habrá un nuevo asesor jurídico en la cooperativa telefónica.
Fernández dijo que se trata de Juan Carlos Corico, abogado en el cual depositaron su confianza todos los consejeros de la cooperativa telefónica.
Las autoridades de la cooperativa telefónica pagaron un total de 85.000 Bolivianos al ex gerente general de Cotap, José Sanabria, por concepto de beneficios sociales.
Los consejeros exoneraron a esa ex autoridad, sin tomar en cuenta el proceso laboral por beneficios sociales que por derecho, le correspondía iniciar a Sanabria.
Sin embargo, al parecer, no hubo un adecuado asesoramiento jurídico en el presente caso ya que sin tomar los aspectos legales prescindieron del servicio del ex gerente.
Los motivos verdaderos de la destitución del ex gerente aún son desconocidos y, tal vez, no fue informado a los socios de base de la cooperativa telefónica.
El segundo proceso por el cual la cooperativa debe cancelar más de 35.000 Bolivianos es por haber cesado las funciones del ex consejero Armando Caso de Cotap.
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Este caso, al parecer, no fue bien interpretado los actuales estatutos de la cooperativa telefónica ya que se dijo que Armando Caso debía cumplir solo un año calendario de gestión como consejero, pero había otra interpretación que hablaba de dos años.
Aparentemente la cooperativa telefónica marcha sin asesoramiento legal en esos temas ya que las decisiones que se toman en la asamblea de socios, al parecer, son arbitrarias y eso causa daño económico.
Para el consejero Eddy Fernández, la "batalla" judicial aún no está pérdida ya que la resolución del amparo constitucional fue en revisión al Tribunal Constitucional.
Afirmó que Armando Caso presentó el recurso legal fuera del plazo previsto, pero dijo no entender las normas jurídicas que están en actual vigencia. "Haremos una auditoria jurídica en Cotap -anunció- porque aquí, lamentablemente, por falta de un buen abogado perdemos y perdemos juicios y, obviamente, el que tiene que pagar es la cooperativa. Nosotros los socios tenemos que pagar de esta mala conducción jurídica".
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"Lo que dice la ley, hay que cumplir", dijo al señalar que por ese concepto la suma alcanza a 35.000 Bolivianos aproximadamente. "Eso será viable una vez que retorne de Sucre el fallo ratificado. Respetaremos el fallo", agregó al comentar que habrá un nuevo asesor jurídico en la cooperativa telefónica.
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