La Prensa
La empresa Euro Telecom Internacional (ETI) demandó al Estado boliviano ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, porque considera que sus inversiones en Entel de la que es dueña del 50 por ciento de las acciones, fueron afectadas.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arece, anunció ayer que para asumir la defensa de “esta injusta e injustificada demanda”, el Gobierno decidió conformar una comisión encabezada por el Ministerio de la Presidencia y el de Relaciones Exteriores. “Vamos a utilizar todos los mecanismos legales a alcance para hacer prevalecer justicia y derechos”.
Arce informó que la solicitud de arbitraje fue presentada el 12 de octubre ante ese organismo, dependiente del Banco Mundial (BM). Sin embargo, recordó que Bolivia se retiró en mayo y el proceso no corresponde.
El ex viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, explicó que el Gobierno tendrá que someterse al arbitraje porque el propio Ejecutivo reconoció que su medida de abandonar el CIADI no afectaba a convenios suscritos anteriormente, sino eran para el futuro.
Este medio acudió a Entel para conocer la posición de su presidente, Franco Bertone, pero en la oficina de prensa dijeron desconocer el tema.
Arce dijo que la empresa aduce “la emisión de dos decretos supremos que el Gobierno boliviano, en el marco de su absoluta soberanía y función gubernamental, ha dictado. No se afectó nada de sus inversiones y ganancias”. Expresó su “profunda extrañeza” por esta acción asumida “en contra del Estado boliviano” y recordó que en abril, mediante el decreto supremo 29087, se abrió un escenario de diálogo para la “recuperación de este nuestro patrimonio”.
Esa normativa, según el viceministro, y la número 20101, son las que esta empresa cuestiona. La primera dispuso el inicio de negociaciones para la reversión de Entel y la segunda transfirió las acciones de la capitalizada, que estaban en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) al Ministerio de Obras Públicas.
No se acudirá al CIADI
Arce anunció que el Ejecutivo "no dará su consentimiento para que se lleve adelante ninguna forma de arbitraje y ésta es una determinación soberana que ha sido tomada por el Gobierno encabezado por el presidente Evo Morales".
En su explicación, la apertura de un proceso arbitral tiene que ser consentido por las dos partes. “Esa situación ya no existe porque Bolivia se retiró de jurisdicción del CIADI”.
En mayo, el Ejecutivo inició las conversaciones con Telecom para la compra del paquete accionario, pero, según la autoridad, la empresa rompió el diálogo unilateralmente. Recordó que el Ejecutivo sólo cuestionó la participación, en esas reuniones, de uno de los asesores de la empresa italiana, que formó parte del proceso capitalizador.
“Todos estos meses (según Arce) el Gobierno ha estado mostrando intención de diálogo y buscar una salida consensuada. No se tomó acción contra la empresa, no se afectó sus inversiones, sigue trabajando con normalidad, pese a las denuncias de irregularidad”.
El Estado boliviano posee el 47 por ciento del paquete accionario de Entel y pretende recuperar el control total de la empresa, que fue capitalizada en 1995, el 3 por ciento es de accionistas minoritarios. La italiana comprometió una inversión de 610 millones de dólares, pero no cumplió. Por entonces, el valor en libros de la empresa nacional era de 1.200 millones de dólares.
Hasta hace un par de años, Entel tenía depositadas en cuentas del exterior 300 millones de dólares porque no sabía en qué invertir. El contrato de capitalización le permitía transferir esos recursos.
De concretarse el arbitraje, este le costaría al Estado millones de dólares, según admitió el embajador Plenipotenciario para Asuntos Comerciales, Pablo Solón. Un informe de la Cancillería reveló que este proceso podría costarle al Estado 800 dólares por hora, sólo por la contratación de un abogado.
Una vez que se presenta un arbitraje ante el CIADI existe un término de seis meses para llegar a una conciliación. Si en este tiempo no hubiera acuerdo, las partes designan a tres árbitros para que diriman el asunto. Una de estas personas la nombra el Estado, la otra la empresa y un tercero ambas partes. Si en este último caso no hay acuerdo postula el presidente de BM.
Recomiendan acciones prudentes
El ex viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, recomendó al Gobierno del presidente Evo Morales tener cuidado y ser prudente en relación a las medidas que asume porque le podría significar demandas internacionales, como la que fue interpuesta por la empresa Eurotelecom Internacional, accionista mayoriataria de Entel.
“No es conveniente adoptar medidas apresuradas, arbitrarias o que puedan llevar a afectación de derechos sin la base jurídica adecuada, hay que ser cuidadosos y prudentes”.
Explicó que una de las bases para atraer inversiones es que éstas deben sentirse seguras, pues en cualquier país del mundo se reconoce la existencia de tribunales que estén alejados de intereses. El Gobierno dijo en más de una vez que primero los acuerdos deben dirimirse en los tribunales nacionales. Empero, Alarcón considera que “la garantía de independiencia es clave para atracción de inversiones”.
La ex autoridad precisó que si el Ejecutivo no está de acuerdo con los lineamientos del CIADI puede acogerse a otros tribunales internacionales.
La empresa Euro Telecom Internacional (ETI) demandó al Estado boliviano ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, porque considera que sus inversiones en Entel de la que es dueña del 50 por ciento de las acciones, fueron afectadas.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arece, anunció ayer que para asumir la defensa de “esta injusta e injustificada demanda”, el Gobierno decidió conformar una comisión encabezada por el Ministerio de la Presidencia y el de Relaciones Exteriores. “Vamos a utilizar todos los mecanismos legales a alcance para hacer prevalecer justicia y derechos”.
Arce informó que la solicitud de arbitraje fue presentada el 12 de octubre ante ese organismo, dependiente del Banco Mundial (BM). Sin embargo, recordó que Bolivia se retiró en mayo y el proceso no corresponde.
El ex viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, explicó que el Gobierno tendrá que someterse al arbitraje porque el propio Ejecutivo reconoció que su medida de abandonar el CIADI no afectaba a convenios suscritos anteriormente, sino eran para el futuro.
Este medio acudió a Entel para conocer la posición de su presidente, Franco Bertone, pero en la oficina de prensa dijeron desconocer el tema.
Arce dijo que la empresa aduce “la emisión de dos decretos supremos que el Gobierno boliviano, en el marco de su absoluta soberanía y función gubernamental, ha dictado. No se afectó nada de sus inversiones y ganancias”. Expresó su “profunda extrañeza” por esta acción asumida “en contra del Estado boliviano” y recordó que en abril, mediante el decreto supremo 29087, se abrió un escenario de diálogo para la “recuperación de este nuestro patrimonio”.
Esa normativa, según el viceministro, y la número 20101, son las que esta empresa cuestiona. La primera dispuso el inicio de negociaciones para la reversión de Entel y la segunda transfirió las acciones de la capitalizada, que estaban en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) al Ministerio de Obras Públicas.
No se acudirá al CIADI
Arce anunció que el Ejecutivo "no dará su consentimiento para que se lleve adelante ninguna forma de arbitraje y ésta es una determinación soberana que ha sido tomada por el Gobierno encabezado por el presidente Evo Morales".
En su explicación, la apertura de un proceso arbitral tiene que ser consentido por las dos partes. “Esa situación ya no existe porque Bolivia se retiró de jurisdicción del CIADI”.
En mayo, el Ejecutivo inició las conversaciones con Telecom para la compra del paquete accionario, pero, según la autoridad, la empresa rompió el diálogo unilateralmente. Recordó que el Ejecutivo sólo cuestionó la participación, en esas reuniones, de uno de los asesores de la empresa italiana, que formó parte del proceso capitalizador.
“Todos estos meses (según Arce) el Gobierno ha estado mostrando intención de diálogo y buscar una salida consensuada. No se tomó acción contra la empresa, no se afectó sus inversiones, sigue trabajando con normalidad, pese a las denuncias de irregularidad”.
El Estado boliviano posee el 47 por ciento del paquete accionario de Entel y pretende recuperar el control total de la empresa, que fue capitalizada en 1995, el 3 por ciento es de accionistas minoritarios. La italiana comprometió una inversión de 610 millones de dólares, pero no cumplió. Por entonces, el valor en libros de la empresa nacional era de 1.200 millones de dólares.
Hasta hace un par de años, Entel tenía depositadas en cuentas del exterior 300 millones de dólares porque no sabía en qué invertir. El contrato de capitalización le permitía transferir esos recursos.
De concretarse el arbitraje, este le costaría al Estado millones de dólares, según admitió el embajador Plenipotenciario para Asuntos Comerciales, Pablo Solón. Un informe de la Cancillería reveló que este proceso podría costarle al Estado 800 dólares por hora, sólo por la contratación de un abogado.
Una vez que se presenta un arbitraje ante el CIADI existe un término de seis meses para llegar a una conciliación. Si en este tiempo no hubiera acuerdo, las partes designan a tres árbitros para que diriman el asunto. Una de estas personas la nombra el Estado, la otra la empresa y un tercero ambas partes. Si en este último caso no hay acuerdo postula el presidente de BM.
Recomiendan acciones prudentes
El ex viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, recomendó al Gobierno del presidente Evo Morales tener cuidado y ser prudente en relación a las medidas que asume porque le podría significar demandas internacionales, como la que fue interpuesta por la empresa Eurotelecom Internacional, accionista mayoriataria de Entel.
“No es conveniente adoptar medidas apresuradas, arbitrarias o que puedan llevar a afectación de derechos sin la base jurídica adecuada, hay que ser cuidadosos y prudentes”.
Explicó que una de las bases para atraer inversiones es que éstas deben sentirse seguras, pues en cualquier país del mundo se reconoce la existencia de tribunales que estén alejados de intereses. El Gobierno dijo en más de una vez que primero los acuerdos deben dirimirse en los tribunales nacionales. Empero, Alarcón considera que “la garantía de independiencia es clave para atracción de inversiones”.
La ex autoridad precisó que si el Ejecutivo no está de acuerdo con los lineamientos del CIADI puede acogerse a otros tribunales internacionales.
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