La telefónica debía haber instalado en 19 localidades la prestación de servicios hasta el 31 de diciembre de 2005, pero recién lo hizo en diciembre de 2006, fuera del término obligatorio señalado y una vez que recurrió a la justicia la misma le dio la razón al regulador nacional y, en consecuencia, se procedió a la sanción pecuniaria de 1,25 millones de bolivianos. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declaró improbada la demanda por lo que la Resolución Ministerial Nro. 307/2011 del Ministerio de Obras Públicas tiene plena vigencia e impone la multa económica.
Esa resolución rechazó el recurso planteado por Telecel SA – Tigo, dentro del proceso sancionador, mediante el cual se le impuso la multa económica. El operador impugnó las Resolución Administrativa Regulatoria que impuso la sanción económica. "Telecel SA se obligó a cumplir metas anuales de expansión en mérito al contrato de concesión suscrito con la ex Superintendencia de Telecomunicaciones, en diversas localidades del área rural, señalados por el ente regulador", explicó Clifford Paravicini, director de la ATT.
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