La diputada nacional Patricia Bullrich (Unión por Todos) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo acerca de la creación de la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet en la Secretaría Legal y Técnica.
La diputada solicitó que se informe “las razones por las que se crea dicha Dirección en la Secretaría mencionada”; que se “especifique los motivos por los que NIC.ar deja de ser la dependencia responsable de los dominios”; y que se informe “sobre los motivos por los cuales la Dirección creada no está en la estructura operativa de Cancillería”.
Asimismo, requiere que informe “sobre antecedentes académicos y experiencia laboral del Director a cargo” y que “presente un plan de funcionamiento y alcance de la nombrada Dirección”.
Al respecto Bullrich expresó: “¿Esto representa una quita de funciones o un intento de control? Porque lo que a simple vista aparece como un trámite administrativo, de un organismo a otro, implica sin embargo un cambio muy profundo y que puede conllevar un intento de intervenir en la asignación de los dominios y los contenidos en internet”.
El pasado 15/12, el Poder Ejecutivo, dispuso crear la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, designando como director a Gustavo Guillermo Justich.
El Decreto 189/2011 publicado en el Boletín Oficial,lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del ministro del Interior, Florencio Randazzo.
En el Anexo al decreto establece que la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet tendrá la responsabilidad primaria de entender en la administración del Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR) y en el registro de nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas.
Deberá registrar los nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas; entender en la publicidad oficial del registro y renovación de nombres de dominio de Internet y de sus titulares; entender en la resolución de conflictos que surjan en la registración y respecto a la titularidad de los dominios de Internet.
También intervendrá en la administración, puesta a disposición y tareas de respaldo y seguridad de las bases de datos utilizadas en forma interactiva por las unidades orgánicas de la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet.
Además entenderá en la ejecución de los planes, programas y proyectos relativos al tema, intervendrá en los procesos de negociación y conclusión de acuerdos y otros instrumentos en la materia.
Propondrá además las medidas necesarias tendientes a lograr armonizar las disposiciones generales y globales que regulan la registración de los nombres de dominio en la República con el derecho interno.
En los considerandos recuerda que se asignó a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación las competencias referidas a la administración del dominios de nivel superior Argentina (.AR) a los efectos de optimizar el funcionamiento de dicho Dominio, en consonancia con la relevancia y trascendencia de sus objetivos.
En esta instancia –agrega- resulta necesario, a los fines de agilizar el óptimo cumplimiento de los nuevos cometidos asignados, crear con dependencia directa de la Subsecretaría Técnica de la citada Secretaría, la Dirección Nacional del registro de Dominios de Internet y agrega que se designa director para la inmediata puesta en funciones y la continuidad de sus servicios.
“Ya hay mordazas a la prensa en todas sus expresiones, periodismo de amigos, programas de propaganda oficial como el de Fútbol Para Todos, reparto discrecional de la pauta publicitaria entre aliados y adversarios y ahora, con la dependencia directa del gobierno, un nuevo riesgo para la libertad de prensa”, advirtió finalmente Bullrich.
Hay que recordar que, según aparece en la consulta de dominios, el 9 de mayo de 2007 el entonces vocero presidencial Miguel Núñez registró el dominio cristina.gov.ar violando la reglamentación oficial que reserva los dominios terminados en ‘gov.ar’ a ‘dependencias estatales, sean éstas de carácter nacional, provincial o municipal’.
La medida representa una primera instancia para intentar cotrolar los contenidos que se vuelcan en la red desde la Argentina: el control de los registros permitiría al gobierno saber quién y de qué forma una persona intenta abrir, por ejemplo, su propio medio digital, algo potencialmente peligroso para los intereses hegemónicos de Cristina.
Un control similar fue propuesto en Venezuela, donde el gobierno de Hugo Chávez busca suprimir las voces discordantes refugiadas en la red, último bastión libre de censura en el país caribeño.
Según Chávez, cada país “tiene que poner sus reglas” sobre el uso de internet, pues los sitios electrónicos de noticias u otros contenidos no pueden “envenenar la mente” de sus lectores. Sus opositores temen que siga las líneas de control de internet de países aliados políticos y comerciales como China, Irán o Cuba.
El Parlamento venezolano debate hace años un proyecto de ley para establecer que el acceso a internet esté basado en un punto único de conexión para los casi 9 millones de usuarios de la red en el país, lo que críticos del gobierno consideran que daría pie a censuras por parte del régimen.
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