27 abril 2019

COTES reporta déficit de más de Bs 30,8 millones

El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre (COTES) reportó un déficit de 30.830.243 de bolivianos al 31 de diciembre de 2018 y alertó que de no tomar las medidas correctivas a esta situación, la empresa podría registrar un déficit de hasta 32 millones de bolivianos hasta finales de esta gestión.

Las cifras negativas ponen a la cooperativa en riesgo de sufrir una quiebra técnica, que significaría la pérdida de más del 51% del capital, de acuerdo a una investigación del Correo del Sur.

El presidente del Consejo de Vigilancia de COTES, Límber Miranda, explicó que las mayores pérdidas de la compañía telefónica se dan en un 33% por el pago de los salarios, en un 30% por los contratos con empresas que brindan los servicios de señal por cable y ancho de banda, entre otros, y en un 31% por la depreciación de los activos.

El tesorero del Consejo de Administración, Henry Palenque, señaló que la situación deficitaria de Cotes data del año 2009, cuando se ordenó una disminución del fondo social de la empresa reintegrando 500 dólares a cada socio que presentó su certificado de aportes.

“Se devolvieron 12 millones de dólares, a 500 dólares a cada socio, lo que hizo que la cooperativa se descapitalice, ese dinero podría haber sido utilizado en proyectos de inversión”, manifestó Palenque.

Advirtió que por el momento no existen recursos para invertir en la parte tecnológica que permita a COTES dotar a los usuarios de un mejor servicio, por lo que se descarta la posibilidad de generar más ingresos para resolver el problema financiero.

Entre 2015 y 2017, Cotes registró un déficit que oscilaba entre 20 millones y cerca de 24 millones de bolivianos, pero el pasado año el déficit se disparó superando los 30 millones de bolivianos, producto de los gastos que ascendían a 97.309.843 bolivianos respecto a los ingresos que fueron de 66.479.601 bolivianos.

Otra irregularidad en que se vio la cooperativa fue el préstamo de 100 mil bolivianos a una funcionaria en 2016, por el cual se abrió un proceso penal que terminó con la conciliación luego de la devolución del dinero.


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