El proyecto de ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para Una Vida Segura” determina bloquear las telecomunicaciones en las cárceles, para que los reos no puedan operar crímenes desde estos recintos, informó el presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio (MAS).
Tal determinación se encuentra estipulada en la disposición final séptima del documento, donde se exhorta al Gobierno implementar “mecanismos administrativos y operativos” para bloquear las telecomunicaciones en las penitenciarías.
“Se prohíbe que los reos puedan comunicarse con el mundo exterior a través de la implementación de una tecnología de bloqueo con la finalidad de bloquear la comunicación vía celular desde las cárceles hasta el exterior”, explicó el asambleísta a la agencia de noticias ANF.
No obstante, para no violar el derecho a la comunicación de los reos, se instalarán dentro de las cárceles cabinas telefónicas que servirán a los reclusos para que se “comuniquen con sus abogados y familiares con una vigilancia muy cercana”, precisó.
La disposición final séptima dice a la letra: “El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Gobierno diseñará e implementará mecanismos administrativos y operativos, para instalar sistemas electrónicos para el bloqueo de telecomunicaciones, que eviten la comunicación entre internos de recintos penitenciarios, con personas que se encuentran vinculadas con la presunta comisión de delitos, en capitales de departamento y provincias del territorio nacional”.
Sin embargo, y tras aprobar ayer en detalle 23 de los 59 artículos del proyecto, la Cámara de Diputados determinó que “varias disposiciones finales” del documento sean “trasladados al contenido integral de la norma”, entre ellas esta disposición sobre telecomunicaciones.
“Son varias disposiciones finales que comprenden temas como la prevención, el tema de la lucha contra la delincuencia, etcétera, que van a ser integrados al texto integral de la norma”, dijo el diputado Aparicio.
El proyecto no sufrió mayores modificaciones en el debate en el plenario, sólo algunas de forma, precisó Aparicio, a tiempo de indicar que se retomará su tratamiento la próxima semana.
Este proyecto tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el vivir bien.
Para ello, se establece que gobernaciones y municipios asignen el 10% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a programas y proyectos de seguridad ciudadana. (ANF)
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