En un solo año, el valor de cada acción de los 180.000 socios de la Cooperativa de Teléfonos La Paz (Cotel) disminuyó de 921 a 815 dólares debido a las pérdidas de ingresos acumuladas y del patrimonio. El único servicio que le reporta réditos a la telefónica es el de televisión por cable.
Así lo revelan los estados financieros de la cooperativa al 31 de diciembre de 2008, a los que tuvo acceso La Prensa, que representan una disminución de 11,5 por ciento respecto de 2007.
Hasta la gestión 2004-2005, el valor de cada línea telefónica se había desplomado de 1.500 a 350 dólares como efecto directo de la mayor competencia con Entel, que ya entonces prestaba el servicio de telefonía fija y había roto así el monopolio que tenía Cotel.
El valor de la acción para 2008 está determinado por la división del patrimonio neto obtenido por la Cooperativa entre sus 180.000 socios.
Esta variable (patrimonio) disminuyó de 1.173,2 millones a 1.037,3 millones de bolivianos en la gestión 2007.
La reducción tiene que ver con la pérdida de 35,8 millones de bolivianos que registró la telefónica en 2008, además de los pasivos de 280,5 millones de bolivianos y el déficit acumulado de 711,6 millones de otras gestiones.
Según el balance, Cotel generó ingresos por 305,8 millones de bolivianos, pero sus costos de operación ascendieron a 372,5 millones.
Los gastos en los que más incurre la cooperativa son los de transmisión de llamadas de larga distancia, alquiler de circuitos, distribución de señales e interconexión.
Sin embargo, el valor de las acciones de la cooperativa, según el hasta el jueves presidente del Consejo de Administración, Fernando Dips, es de 1.000 dólares y ya no de 300 dólares, porque éste ya no sólo está calculado en función de la línea telefónica, sino también de todo el patrimonio que posee la empresa.
El valor que maneja la ex autoridad es de 1.200 millones de bolivianos, que dividido entre los 180.000 socios titulares resulta 942 dólares en libros. El monto aumentaría a 1.500 dólares, pero éste se devaluó por efectos del mercado desde hace unos ocho años.
“El mercado ha distorsionado esa realidad por cuanto han entrado otros sistemas de comunicación alternativos, como la telefonía celular e internet”.
Explicó que para valorizar las acciones el Consejo de Administración tomó la decisión de que la telefónica prestase nuevos servicios, a saber internet y televisión por cable, desde hace dos años.
En este cálculo no están consideradas las líneas “gemelas”, proyecto impulsado en la gestión de Piere Chaín en 2004, también con el objetivo de revertir la pérdida de valor.
Dips admitió que hoy en día no existe demanda para comprar una línea telefónica porque, a pesar de que el servicio es barato, la gente opta por la telefonía celular aunque el servicio por minuto sea más caro.
Como alternativa a ello, Cotel inició la conexión de líneas “en alquiler”, con las que el usuario paga por el servicio pero no compra una acción. A la fecha existen 8.000 conexiones de esta clase.
En relación con la Línea Gemela, el Consejo de Administración aprobó una resolución en abril de este año para frenar la otorgación de certificados de aportación, pero no de servicio, lo cual es cuestionado por la Asociación de Accionistas de Cotel.
El presidente de esta organización, Mario Salazar, dijo que esta decisión impide que 100.000 socios accedan a su Línea Gemela; sólo se benefició a 30.000 socios.
Para Dips, ese proyecto afectó el valor del patrimonio porque lo que se hizo fue entregar líneas gemelas con un certificado de aportación, es decir, como si se hubiera hecho un aporte al Fondo Social de la cooperativa o comprado una nueva acción.
“La Ley de Sociedades de Cooperativas indica que una persona es socia cuando aporta al Fondo Social, y las líneas gemelas han sido un beneficio que le ha dado al socio (para que acceda al servicio telefónico) pero no para incrementar un socio”.
Según Dips, si se divide el patrimonio entre 180.000 socios titulares más los que poseen una línea “gemela”, el valor de la cooperativa baja aún más.
Pérdidas
El ex consejero señaló que la disminución de ingresos de la cooperativa en la gestión 2008 responde principalmente a un “robo” identificado en el tráfico de llamadas ocasionado por la otorgación de conexiones a “empresas fantasma”. “Los ingresos por servicios básicos en 2008 han disminuido no porque la gente haya dejado de hablar, sino porque Cotel, a través de malos funcionarios, ha permitido que empresas fantasma puedan hacer voy por IP (llamadas por internet, sin pagar por ese servicio el valor real)”.
Este servicio se lo otorga sólo a instituciones que trabajan con transmisión de datos, como las entidades bancarias de La Paz.
Recordó que la denuncia fue recibida en enero de este año y existe una auditoría y una investigación en curso al Jefe de la Planta Interna de Cotel, que se encarga de todas la conexiones, Pedro Alí.
Gobierno dice que no habrá más intervenciones
El Gobierno aseguró ayer que la intervención de la Cooperativa de Teléfonos La Paz (Cotel) fue una medida excepcional avalada por las leyes del Estado y descartó que el Ejecutivo asuma medidas similares con otras cooperativas.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, aseguró que se despeja “entonces cualquier duda, cualquier titular (de prensa) relacionado con la supuesta intención de intervenir cooperativas”.
Según dijo, el Gobierno tiene toda la facultad de intervenir una cooperativa u otra institución que ponga en riesgo los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución vigente, como es el caso de las telecomunicaciones.
Ratificó la justificación presentada por su colega de Empleo y Cooperativas, Rodolfo Illanes, de que existen graves indicios de que Cotel está gravemente afectada en su funcionamiento y en su patrimonio.
“Como paceños debemos tener la certeza de que esta intervención tiene esa misión fundamental de sanear las cuentas, devolver a la institucionalidad y también atacar males que tiene la cooperativa, aunque el plazo es muy corto, pero hay que empezar a sanear los males internos que tiene la cooperativa”.
Chávez destacó la designación de César Böhrt Urquizo como interventor, de quien dijo que es un técnico del área y “no es conocido político ni es un favorecido de por ahí como ha ocurrido en un par de intervenciones anteriores”. La intervención durará 90 días y después llamará a elecciones.
“7 clanes controlan la telefónica”
El ex presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz (Cotel) Fernando Dips denunció que siete clanes identificados con los apellidos Aspiazu, Bascopé, López, Chambi, Dávila, Mamani y Quisbert manejan, en mayor o menor grado, la telefónica.
El viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Rodolfo Illanes, en declaraciones a la red televisiva Uno, dijo que esa cartera de Estado tomó conocimiento de la denuncia y se la investigará.
“No puede haber nepotismo, se va a investigar y si se confirma se despedirá a los trabajadores en esa situación”. La Prensa no pudo contactar a ninguno de los empleados observados.
Según Dips estas personas formaron núcleos familiares de esposos, hermanos, primos, cuñados e hijos, ubicados en puestos clave de la cooperativa y hasta influían en la calificación de adquisiciones de insumos y equipos.
El ex consejero envió una carta al presidente Evo Morales para hacerle conocer esta situación y las distorsiones salariales en la telefónica, que su gestión intentó corregir pero fue frenada por el paro de actividades que iniciaron los trabajadores y que desembocó en la intervención del Ministerio de Trabajo.
En la nota se pone en evidencia una “anarquía laboral” en la entidad puesto que, por ejemplo, el hecho de que los funcionarios que cumplieron la edad para jubilarse se resisten a este proceso o condicionan su jubilación a la contratación de al menos un hijo o pariente cercano con un sueldo equivalente a su salario mensual. “Consideran que sus fuentes de trabajo son hereditarias”.
También se denuncian instalaciones clandestinas y cobros indebidos a los socios que quieren un traslado de línea.
Según Dips, se entablaron procesos legales a trabajadores que sustrajeron material de la cooperativa para venderlo a tiendas del rubro de telecomunicaciones y que “extrañamente” Cotel vuelve a comprar por iniciativa y decisión de los implicados.
“Casi todos los procesos fueron archivados por presión sindical con la amenaza tradicional de cerrar el galpón”. En la carta al Jefe de Estado, fechada el 17 de junio, también le manifestó la intención de su gestión de racionalizar los salarios de 10.000 y 25.000 bolivianos.
Antecedentes
El 10 de junio los trabajadores
de Cotel iniciaron un paro de actividades exigiendo la renuncia de los presidentes de los consejos de Administración y de Vigilancia y la intervención de la telefónica por supuestos malos manejos económicos.
Diputados del oficialismo plantearon la intervención como medida para solucionar el conflicto en la cooperativa e investigar las denuncias sobre irregularidades.
A esta propuesta se sumó la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve).
El Gobierno intentó un acercamiento el 15 de junio,
sin resultado alguno.
Los trabajadores rechazaron el diálogo y decidieron iniciar una huelga de hambre en ambientes de la cooperativa el 16 de junio.
Finalmente, luego de siete días de paro de actividades bajo presiones sindicales, vecinales y políticas, el Ministerio de Trabajo optó por intervenir la cooperativa el jueves 18.
Los trabajadores aplaudieron
la medida y anunciaron la suspensión de sus medidas de presión.
El Gobierno designó como interventor a César Böhrt Urquizo, quien habría ejercido funciones en la Cooperativa y en la ex Superintendencia de Telecomunicaciones.
El viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Rodolfo Illanes, justificó la intervención en la situación económica de Cotel, que en 2008 pudo haber registrado pérdidas por 35,8 millones de bolivianos. Según dijo, se iba
“a la quiebra técnica”.
La intervención fue atribuida a las denuncias sobre malos manejos económicos y al mandato que de forma ilegal estaban asumiendo los presidentes de los consejos, Fernando Dips y Jaime Siles.
Ambos tendrían denuncias penales en su contra por los delitos de atentados a la seguridad de los servicios públicos y asociación delictuosa.
La Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concabol) calificó de ilegal la intervención y presentará un amparo constitucional.
