Información, contenidos, música, películas, libros, noticias, fotografías y mucho más puede ser compartido en el internet, el nuevo medio del siglo XXI que se ha convertido en uno de los más difíciles de controlar en el mundo.
Todos los contenidos que circulan en la red se han creado por alguien y pertenecen a alguna persona que puede hacer valer sus derechos sobre ellos, pero eso no sucede en todos los casos, ya que existen miles de sitios web en los cuales estos contenidos son ofrecidos de manera gratuita.
LEY SOPA
Esta situación provocó que el Gobierno de Estados Unidos impulse la polémica Ley Stop Online Piracy Act, (SOPA) que en español significa Acta para Detener la Piratería en Línea.
El objetivo principal de este proyecto de ley que fue presentado a la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 tenía la finalidad de combatir el tráfico de contenidos con derechos de autor y bienes falsificados a través de internet.
Al momento de ser presentado el proyecto de ley se estaba estructurando el Acta de protección de propiedad intelectual, un proyecto de ley presentado ante el Senado en el año 2008, conocido como PIPA por sus siglas en inglés.
El proyecto de ley que fue suspendido momentáneamente preveía un bloqueo a la publicidad y a las redes que generan ganancias al sitio infractor y el bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de los motores de búsqueda. Incluía además la posibilidad de conseguir una orden judicial para que los proveedores de internet bloqueen el acceso al sitio infractor.
Además, existía la posibilidad de que la ley podría extender las existentes leyes penales e imponiendo una pena de hasta cinco años en prisión.
La Ley Sopa establecía un proceso de dos etapas para los propietarios de derechos intelectuales que pidieran una compensación al verse perjudicados por el sitio infractor. El propietario de los derechos debería primero enviar una notificación a las empresas facilitadoras de pago y a las redes de publicidad en línea, informando la identidad del sitio infractor. Estos últimos a su vez deberían enviar una notificación al sitio infractor y suspender los servicios prestados.
La segunda sección del proyecto hacía referencia a la penalización de la transmisión de vídeos y la venta de medicamentos falsificados. El proyecto incrementa las penas y extiende las ofensas a los derechos de autor incluyendo a la transmisión no autorizada de contenidos y otras ofensas a los derechos de propiedad intelectual. Penalizando la transmisión de contenidos no autorizados hasta con cinco años de prisión por diez infracciones en un plazo de seis meses.
Entre los promotores de la ley figuran la Motion Picture Association of América (MPAA), la Recording Industry Association of América, laboratorios farmacéuticos Pfizer, negocios de medios audiovisuales y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
Estas y otras empresas que promueven la ley afirman que la normativa podría proteger el mercado de la propiedad intelectual su industria, empleos e ingresos y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, especialmente contra los sitios web extranjeros.
OPOSICIÓN
La minoría opositora en el Congreso de Estados Unidos argumentó que la ley infringe los derechos de la Primera Enmienda, que es censura en internet, que lisiará a internet y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y otras muestras de libertad de expresión.
La población en contra de esta nueva normativa también expresó su molestia en Estados Unidos donde se protagonizaron varias protestas en las calles y cerca al Congreso de ese país.
Algunos de los opositores a la ley son Google, Yahoo, Facebook, Twitter, AOL, Linkedin, Ebay, Mozilla Corporation, la Fundación Wikimedia, y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos tales como Greenpeace, Reporteros Sin Fronteras, entre otros.
SUSPENSIÓN
La Cámara de Representantes dejó entrever que no discutirá esta iniciativa de ley hasta que no se cuente con un consenso que permita definir sus repercusiones en internet.
En un comunicado, la Casa Blanca sostuvo que el gobierno de Barack Obama “no apoyará una legislación que reduzca la libertad de expresión”.
USUARIOS DEBEN
ELEGIR
Para el docente universitario y experto en Comunicación Digital, Carlos Camacho, a nivel mundial son los usuarios los que deben elegir a que tipo de contenidos deben acceder como actualmente sucede.
Asegura que la libertad de expresión tiene sus límites que comienzan cuando las personas empiezan a violar el derecho de otras, pero esto no puede ser controlado por normativas que pueden tener intereses políticos o económicos. “Es complicado hablar del tema, personalmente pienso que son las mismas personas las que deben evaluar los contenidos y juzgarlos”, dijo.
Indicó que en el caso de Bolivia la Ley SOPA no hubiera tenido ninguna cabida porque el país todavía se está ocupando de promover el derecho a la información cuando otros ya están tratando de controlarlo.
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