La evolución de las telecomunicaciones, y de la tecnología en si, ha facilitado el espionaje político

Con total naturalidad la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que la privacidad de los personajes públicos "se queda en casa", al comentar las grabaciones de conversaciones de dirigentes del Movimiento Sin Miedo (MSM). Con la misma naturalidad, el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Roberto Rojas, advirtió que el Gobierno tiene en su poder "más grabaciones" de opositores que buscan, en su criterio, "desestabilizar a Evo Morales". Ninguna de las dos figuras del gobierno explicó el origen de las grabaciones. Para Silvia

Salame, presidenta del Colegio nacional de Abogados "perforar" las comunicaciones o grabar conversaciones de reuniones es un hecho ilegal. Un abogado penalista y un periodista analizan el tema para "Día Siete".

Proyecto de ley busca legalizar seguimiento a autoridades

Alejandro Colanzi
Abogado penalista - Analista político

No es novedoso en la historia de la democracia boliviana, y más aún durante la época de dictaduras, el seguimiento a conflictos sociales mediante diferentes métodos. Lo diferente es que el partido de Gobierno actual, el Movimiento al Socialismo (MAS), fue el primero en levantar la bandera del rechazo a la represión cuando otros partidos lo hicieron. Repertir lo mismo contra lo que se había luchado resulta un contra sentido.

Lo preocupante es cuando tomamos conciencia que tenemos un Gobierno fuerte en el parlamento, e institucionalmente (Policía, Fuerzas Armadas). Entonces uno se pregunta porque no existe alguna unidad que se dedique a la "prevención de conflictos", como si existieron en otras gestiones. Entre las respuestas surge una arrolladora: el de los conflictos manejados. Es decir, que la convulsión que sacude el país sirva como falsos señuelos para distraer otras reinvidicaciones que siguen postergadas. Una de ellas es la marcha indígena.

Si uno se fija, la oleada de marchas y bloqueos han logrado minimizar la cobertura de la IX Marcha Indígena en defensa del TIPNIS. No está cobrando relevancia los mismos medios no le están dando el espacio suficiente porque tiene que atender los otros conflictos. Durante su discurso de informe de gestión a fines de 2011, el Presidente Evo Morales dedica 35 minutos a deslegitimar a la CIDOB. Con esto ya marcaba la agenda de lo que vendría este año. Las protestas actuales sirven además como compás de espera ante la próxima realización en junio de la Cumbre de la OEA en Cochabamba.

Por otra lado, preocupa la posición oficial del Gobierno, de que quien esté en el poder debe someterse al control, hasta de su vida privada. Una posición oficial no significa que pueden vulnerarte tus derechos. Para la escucha telefónica, por ejemplo, se requiere un proceso de investigación previo y una orden judicial. Ante las supuestas evidencias entregadas al Ministro de Gobierno, Carlos Romero, este tiene la obligación de indagar y dar a conocer la fuente. No es suficiente que diga "nos hicieron llegar el material". Es una grabación que debe provenir de alguna parte. Como mínimo debería aparecer el micrófono con que fue trabajada. Tiene que aparecer quién la hizo llegar, porque no se habrá colocado por su cuenta. Lo coherente es actuar como lo hizo la diputada Marcela Revollo (MSM), al denunciarlo ante la Fiscalía. Aunque posteriormente no haya una respuesta, se debe dejar constancia que se agotaron todos los mecanismos a nivel nacional para apelar posteriormente a tribunales internacionales. Pese a todo hay que tener convicción en la justicia. No hay contribuir a la destrucción de las instituciones con su descrédito. Corresponde un juicio por la vía penal (violación de derechos) y civil (daños y perjuicios).

Por otro lado, debe ponerse más interés al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que se trata en la actualidad en el Parlamento. Porque esta sí usurpa funciones de parlamentarios, como de autoridades de gobernaciones y municipios. Viabiliza la creación de un super poder que esté por encima del Ministerio de Gobierno y fortalece económicamente aún más a la Policía.


La desfachatez de reconocer la autoría del delito

Carlos Valverde
Periodista

El seguimiento a una situación de conflicto no es ilegal. Ante cualquier protesta que se prolongue un tiempo determinado el Gobierno está en su derecho de buscar fuentes propias, independientes de reportes de prensa, que le indiquen de primera mano como se encuentra la situación, cuáles son los orígenes del descontento. Lo que es ilegal es la escucha telefónica. Está establecido tanto en la Constitución Política del Estado, como en el código penal. Como también es ilegal la presencia de agentes encubiertos dentro de las marchas. Eso solo se reconoce en casos de narcotráfico.

La determinación de tomar decisiones incluso por encima de la Ley muestra una peligrosa inclinación a asumir el poder a cualquier precio. Esto no quiere decir que sea algo nuevo, seguramente en el pasado algunos gobiernos lo deben haber hecho. No obstante lo nuevo es la desfachatez de decirlo. No se avisa el delito. Tampoco se justifica el delito. En ese sentido sorprende encontrase con una Ministra de Comunicación (Amanda Dávila), saliendo a justificarlo.

En el municipio cruceño ocurre un hecho similar. Un funcionario determina el seguimiento al trabajo de algunos concejales y un periodista. Como se ha dicho, una cosa es tomar el pulso de la calle, pero otra cosa es incurrir en la persecución. Me siento perseguido, amedrentado nunca. Porque solo amedrentan al que tiene miedo. En ese sentido, es una rara asociación de acciones que el municipio cruceño recurre a prácticas similares al Gobierno. Ante la evidencia, es más que lógico imaginar que cualquier ciudadano se pregunte lo que está pasando.

No es la primera vez que veo el papel y el rol de víctima de un funcionario Municipal, y lo leí, por ejemplo el año 2007, cuando se cuestionaba a Parques y Jardines por sus obras y contratos Cont 389/2006 Construcción Plaza Las Lomas UV 40 Distrito Nº 10, rechazado por el HCM en la Resolución 026/2007 de 5 de marzo del 2007 en el que se lee : "Los términos y solicitud de propuestas no demuestran claridad con relación al servicio, asimismo las especificaciones técnicas no identifican el proyecto específico del proceso de contratación".

Ese informe técnico mereció de la Directora de Parques y Jardines (funcionaria y no autoridad) Arq. Angélica Sosa, una carta al Alcalde Percy Fernández en la que, además de decirle que llegar a trabajar con él le "pareció tocar el cielo con las manos"... argumentaba , para no observar procedimientos: "Me cuesta creer que el mejor empleado municipal es el que no arriesga, el que está escondido, ya sea escribiendo informes malintencionados"... En fin..., no es, entonces, nueva la cantaleta de quién cree que el mejor funcionario; es el que "arriesga" los fondos públicos y no se ajusta a la norma.

Voy a seguir haciendo lo que hago y seguiré comprometido con la ciudad. Sé que lo que hago sirve. Gracias a nuestras denuncias en el campo municipal se terminaron, por ejemplo, las pistas atléticas que fueron pagadas anticipadamente y recién se entregaron a partir de nuestra denuncia. Vamos a seguir porque gracias a nuestras denuncias (Sin letra Chica), se arreglaron problemas graves en los Hospitales japonés y Oncológico, por citar algunas de las denuncias e investigaciones que hicimos.