22 junio 2011

UNIR objeta el proyecto de Ley de Telecomunicaciones

Restricción: “El proyecto desconoce los principios de no discriminación, participación y pluralismo”.

La Fundación UNIR Bolivia dio a conocer sus observaciones y propuestas sobre el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación.

Los principales planteamientos tienen relación con el proceso de elaboración, pues UNIR Bolivia sostiene que no tomó en cuenta la participación de los diferentes actores interesados en esta regulación sectorial y vuelve a los ciudadanos meros usuarios y consumidores.

Otro punto que se destaca es que la redacción del proyecto no tuvo la visibilidad pública que requiere la elaboración de nuevas leyes y no contempló la diversidad de posiciones existentes sobre la temática.

Sin embargo, fueron varias instituciones las que participaron en el proceso de elaboración de este documento.

“Respecto a su contenido, no reconoce el derecho a la información y la comunicación entre los principios fundamentales constitucionales que asume en su exposición de motivos y tampoco comprende el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios y a recibir apoyo estatal, como indica en la Constitución”.

Este proyecto de ley tiende a regular las actividades de las telecomunicaciones, la radiodifusión, la teledifusión, el uso de las nuevas tecnologías de la informática, internet y otras herramientas cuyo uso todavía no está reglamentado en el país.

Las observaciones técnicas

La Fundación UNIR Bolivia plantea los siguientes puntos sobre el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones:

—Consolida la posición de los grandes agentes privados en el uso del espacio radioeléctrico, desconociendo al sector comunitario como actor de los procesos de radiodifusión al igual que a medios institucionales, como los universitarios, usando una lógica mercantil.

—Establece la otorgación de licencias para operación de redes y prestación de servicios de telecomunicaciones y para la operación de redes de radiodifusión: radio y televisión, sin requisitos explícitos de calidad.

—Impone la obligatoriedad de que las emisoras de radio y Tv abierta y por cable se sumen, sin recibir pago alguno, a las cadenas oficiales.

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