El artículo 10 del proyecto de ley que ingresó por la Cámara de Diputados señala que: “Los operadores de radiodifusión de señales de audio y video (televisión abierta) y distribución de señales de audio y video (Tv cable) están obligados a realizar transmisiones en cadena, sin pago alguno, de los mensajes oficiales del Presidente del Estado Plurinacional, dirigidos a todos los bolivianos y bolivianas del país”.
“No conozco el proyecto de ley, sin embargo, en este momento lo único que puedo decir es que esa disposición es similar a la que rige actualmente en Venezuela”, sostuvo consultado al respecto el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Antonio Dipp, entidad que representa también a canales privados.
El vicepresidente de Asbora (Asociación Boliviana de Radiodifusoras), Enrique López, en declaraciones a radio Panamericana, sostuvo que desconoce el proyecto de ley, pero consideró que “además de esta obligación, lo más probable es que el Gobierno pretenda afectar las licencias”.
“No lo vamos a aceptar porque hay licencias adquiridas de manera legal y no se puede proceder al retiro o a cambiar las reglas de juego”, indicó.
El presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputado, Marcelo Elío, dijo que la disposición propuesta sólo busca que “los medios de comunicación acompañen la gestión del Mandatario en los temas que son de interés nacional”.
“En Chile, por ejemplo, todos los medios acompañan la posición del Estado sobre el tema marítimo, a eso debemos apuntar”, manifestó.
En la actualidad, Bolivia Tv (canal 7) y la red de radios Patria Nueva transmiten, en directo, los mensajes del Jefe del Estado, además de casi todas las conferencias de prensa que ofrece y su participación en diversas actividades como la entrega de obras o ampliados de sectores sociales. El Ejecutivo evitó ayer referirse a la propuesta de Ley de Telecomunicaciones.
Frecuencias. Además de esta obligación, el proyecto de ley también incluye un capítulo para la regulación del espectro electromagnético. Sobre las frecuencias para radiodifusión, propone que la distribución sea del 20 por ciento para uso gubernamental, a través de otorgaciones directas, y 80 por ciento para la entrega mediante licitación pública.
“Lo que el Gobierno quiere es empezar a controlar el pensamiento de todos los ciudadanos. No nos parece correcto que traten de revertir las licencias, de hecho no lo vamos a aceptar”, reiteró López.
El directivo de Asbora dijo que los propietarios de medios audiovisuales tienen contratos de concesión de licencias vigentes, y que lo correcto sería esperar que concluyan. El proyecto de ley reduce la entrega de nuevas licencias a 10 años.
El viceministro de Telecomunicaciones, Wilber Flores, explicó que el tema de las frecuencias estará definido en un Plan Nacional de Frecuencias y las concesiones actuales tendrán que migrar al nuevo sistema.
Ámbitos que se regularán
El proyecto de ley plantea regular la conectividad y las tecnologías de la información, el uso apropiado de la internet, las telecomunicaciones, firmas y documentos digitales, comercio electrónico, gobierno electrónico y servicio postal.
La ATT podrá secuestrar equipos
El proyecto de Ley de Telecomunicaciones, en su artículo 114, establece que “sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Penal, la ATT (Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones) aplicará a los infractores (de la norma) las sanciones de apercibimiento, secuestro o embargo de equipos y material, multas e inhabilitación temporal para ejercer las actividades en telecomunicaciones”.
La diputada de la opositora Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, señaló que esta norma podría penalizar la función de los medios de comunicación, incluyendo los sistemas informáticos.
“Este es un proyecto que va a vulnerar el derecho a la libre opinión porque incluye un capítulo especial de sanciones, identificados como delitos informáticos o de telecomunicaciones, en los que se da la plena atribución de ser juez y parte a la institución pública de Telecomunicaciones”, dijo.
El artículo precisa que las sanciones se materializarán “una vez que cause estado la resolución impuesta” y que la graduación, montos y forma de pago de las multas se establecerán en reglamento.
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