La ley de escucha telefónica para luchar contra el narcotráfico entró a la ‘congeladora’. Fue una instructiva directa del presidente Evo Morales, según afirma el comunicador del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, Luis Lazarte.
El viceministro de esa repartición, Luis Cáceres, anunció la semana pasada que esa ley sería impulsada para escuchar grabaciones de sospechosos de narcotráfico, pero sin vulnerar los derechos humanos de cualquier ciudadano.
Según la legislación actual, es posible realizar este tipo de investigaciones, siempre y cuando haya una autorización judicial. Sin embargo, la Constitución Política del Estado afirma que ni la autoridad pública ni persona alguna pueden interceptar el teléfono o el correo electrónico.
Según Samuel Saucedo, vocal de la Corte Superior de Justicia, esta ley debe ser analizada por el Tribunal Constitucional. El jurista lamenta que ese tribunal no esté funcionando adecuadamente, puesto que se está ocupando de los procesos antiguos, iniciados antes de la actual Constitución.
Por ahora, las pruebas obtenidas con ‘pinchazos’ telefónicos no pueden utilizarse. El Código de Procedimiento Penal anula el valor de toda prueba que haya sido conseguida con un procedimiento ilícito. El juez no puede tomarla en cuenta.
Pero sí se hizo en un caso que investigó el ex fiscal Joadel Bravo. Se trataba de un colombiano que fue atrapado en su país, acusado de narcotráfico. La Fiscalía de Colombia interceptó las llamadas y los correos electrónicos de otros involucrados, que se encontraban en Bolivia, con quien existe un convenio al respecto. Se sospechaba que la actividad tenía relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Entre sus conversaciones, los involucrados contaban: “Hubo ayer un accidente”, para referirse a la captura de un cargamento de cocaína; en los correos electrónicos se llegó a discutir la forma en que se debían trasladar hasta Colombia $us 740.000. “Si no piden papeles en el banco, es porque se van a robar la plata o porque trabajan con la DEA”, afirmaba uno de ellos. En suma, el ex fiscal dice que la medida ayudaría en la investigación, lo mismo que las entregas vigiladas, los agentes encubiertos y un detalle que también es necesario aclarar: la negociación de la pena. Con la posibilidad de rebajar las penas, los procesados podrían ayudar a capturar a otros involucrados.
La ley, según el Viceministerio de Defensa Social, será debatida primero entre los ministros del gabinete y luego en la Asamblea Legislativa, “Hay susceptibilidad en algunos sectores”, asegura el vocero Lazarte. Osvaldo Martorell, segundo vicepresidente del Colegio de Abogados, propone algo muy distinto: “Para controlar el narcotráfico, el Gobierno debe nacionalizar la coca”.
La tecnología que se usa es sencilla
Un simple micrófono dentro del auricular permite escuchar las conversaciones de cualquier persona. Con el equivalente de $us 70 o $us 120, se puede adquirir en Brasil un equipo que transmite las conversaciones a un receptor en FM. Permite a los ‘curiosos’ captar los sonidos en un radio de hasta 80 metros.
Un procedimiento común consiste en poner al descubierto un segmento de los cables de la línea, rasgarlos y conectar un auricular. Por supuesto, no es un sistema muy discreto, porque requiere que la persona esté cerca del auricular. De alguna forma, toda línea telefónica es ‘pinchada’ cuando se instala un nuevo derivado. Por supuesto, esta práctica es legal y, además, se supone que no hay secretos que guardar al habilitar este derivado. Aunque la práctica es ilegal, todos los entrevistados dicen que se aplica con regularidad. “Estos teléfonos están pinchados”, comenta el vocal Samuel Saucedo, señalando los dos aparatos que están sobre su escritorio. Cuenta que cuando la Unión Juvenil Cruceñista interpuso un amparo durante el proceso por terrorismo, las escuchas fueron más activas. En esa ocasión, se detuvieron las investigaciones de la Fiscalía porque no se había decidido qué juez debía controlar el proceso. “Algunos amigos nos dijeron que íbamos a ir presos”, cuenta Saucedo. Los escándalos de pinchazos ilegales fueron casos muy sonados en países como Brasil, Argentina y Uruguay, que tienen leyes al respecto.
Para analizar
- Cárceles. Un 80% de los reclusos de Bolivia purgan penas por tráfico de sustancias controladas, según la Dirección Nacional de Penitenciaría. De ellos, un 90% corresponde a delitos relacionados con transporte. Son las ‘mulas’ o ‘tragones’.
- Crítica. Si bien la vigilancia electrónica es aún ilegal, la ley permite utilizar recursos como los agentes encubiertos o las entregas vigiladas.
- Estrategia. La entrega vigilada consiste en llevar droga para capturar a los traficantes. Se coordina con las autoridades policiales de los países de destino. Requiere de autorización del juez.
- Propuesta. Cuando era coordinador de fiscales de sustancias controladas, Joadel Bravo propuso que también se vigile la correspondencia electrónica, además de las llamadas.
- ¿Quién graba? En el proyecto, se definía que el encargado de vigilar las conversaciones sea un policía perito en el tema. Su obligación es mantener informado al fiscal.
- Candado. Después de grabar, se transcriben actas que pueden ser destruidas si no están relacionadas con el proceso. Se hace por resolución del juez, a pedido ya sea del fiscal o de la parte interesada.
Otros países
Argentina
Dieron marcha atrás
En 2009, la Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional la llamada ley espía, por la que se obligaba a las empresas a intervenir y guardar durante 10 años todas las comunicaciones telefónicas y por Internet, a fin de ponerlas a disposición del Poder Judicial o de la Fiscalía en la investigación de cualquier delito.
Uruguay
El lavado, perseguido
Mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas de personas investigadas por la justicia están reguladas por la Ley Antilavado de Activos desde 2009. Esos procedimientos se han transformado en medios probatorios clave en los casos de narcotráfico y de blanqueo de dinero. Se excluyen las comunicaciones con el abogado defensor.
El Salvador
Con las manos libres
La Fiscalía y la Policía pueden intervenir los teléfonos de quienes se sospeche que estén cometiendo delitos. La normativa no se limita al narcotráfico. La ley establece que el juez que autorice el procedimiento no sea parte del mismo. Se contempla para narcotráfico, homicidio, pornografía infantil, extorsión, terrorismo y otros.
Brasil
Entre el bien y el mal
Desde 1996, una ley establece que están permitidas las escuchas telefónicas con orden judicial. Sólo se usará para combatir el crimen. Sin embargo, se ha utilizado políticamente. Se ventilaron casos como el de un vicepresidente que intentó seducir a una periodista, pero también casos de corrupción de millones de dólares.
Colombia-EEUU
Bien enterados
Colombia tiene bastante experiencia en los pinchazos. Es conocido el escándalo en el que se descubrió que se estaba espiando al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Un informe de Cambio16 reveló que las comunicaciones con Europa (teléfono, correo electrónico y fax) son interceptadas rutinariamente por el sistema Echelon, que usa Estados Unidos.
