El Estado gasta al menos $us 12 millones para enfrentar tres arbitrajes internacionales, debido a que cada proceso demanda un coste de entre $us 3 y 4 millones. Por otra parte, otras cinco empresas notificaron al Gobierno del inicio de controversias y negocian una salida “amigable”.
“Para nosotros como Estado boliviano ir a un arbitraje es demasiado costoso, gastamos entre 3 y 4 millones de dólares”, aseguró el lunes la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, en entrevista con el programa El Abogado del Diablo de la Red Unitel.
Según la autoridad, “alrededor de 12 ó 13 empresas han sido prácticamente devueltas a manos de los bolivianos”. Tres de ellas, precisó, iniciaron procesos arbitrales y el resto está en la primera etapa de la controversia, la de negociación y conciliación. “Otras han dejado (el tema) en statu quo (pausa)”, complementó.
En febrero del 2006, la firma con capitales chilenos Quiborax interpuso el primer arbitraje en contra de Bolivia. Lo hizo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego de que el ex presidente Carlos Mesa revocara la concesión minera de la firma Non Metallic Minerals SA para explotar ulexita en el Salar de Uyuni (Potosí).
La empresa pide un pago de $us 61 millones “por daños sufridos” debido a la pérdida de su inversión y otros $us 5 millones por “daños morales”.
En octubre del 2007, la empresa Euro Telecom International (ETI) recurrió también al CIADI tras la nacionalización de Entel. Bolivia se retiró de esa instancia y el proceso se paralizó porque el país cuestionó su jurisdicción. En octubre del 2009, ETI inició otra demanda ante un Tribunal Ad Hoc y solicitó “un monto no menor” a 700 millones de euros ($us 901,2 millones) por concepto de daños y perjuicios, además de un interés del 10%.
El último proceso corresponde a la nacionalización, el 23 de enero del 2009, de la totalidad de las acciones de la Empresa Petrolera Chaco, administrada por la anglo-argentina Pan American Energy (PAE). Las negociaciones previas fracasaron y el 12 de abril de este año, el consorcio petrolero inició un arbitraje ante el CIADI.
Un boletín de prensa del Ministerio de Defensa Legal da cuenta que el 18 de mayo del 2009 la firma British Petroleum (BP) notificó la existencia de una controversia por la nacionalización de Air BP. Similar camino tomó la sociedad germano-peruana Oil Tanking y Graña y Montero por la estatización de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB).
Las compañías Rurelec PLC (Gran Bretaña) y GDF Suez (Francia) notificaron la existencia de controversias y negocian un acuerdo de compensación con el Gobierno, tras la reversión de sus acciones en las generadoras eléctricas Guaracachi y Corani, respectivamente. La socia minoritaria de Corani, Carlson Dividend Facility (Suecia), realizó una acción similar.
Bolivia no tiene todo el control
Arismendi afirmó que a la fecha no ha concluido ningún proceso de conciliación o arbitraje con las petroleras nacionalizadas y que eso “prácticamente nos impide tener el dominio completo (de éstas) porque hasta que no acabe todo el trámite que tenemos pendiente, no nos van a entregar en propiedad el paquete accionario”.
México pide ‘precio justo’ por acciones de Chihuahua
El Gobierno mexicano pide un pago justo para el Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), socio minoritario (con el 47% de participación) de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), cuyas acciones en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) fueron expropiadas en favor del Estado.
“Esta es una acción que está permitida por la Constitución boliviana. Nosotros somos respetuosos de las acciones que toma el Gobierno boliviano, pero lo que sí pide el Gobierno de México y la empresa es que se pague un precio justo por las acciones de esta compañía mexicana que decidió hace cinco años invertir su dinero en Bolivia”, afirmó ayer el embajador de México, Rafael Cervantes.
Rurelec acelera proceso de arbitraje
La firma británica Rurelec PLC colocó en el mercado londinense nuevas acciones para obtener financiamiento, mismo que será utilizado para acelerar los preparativos del arbitraje contra Bolivia por la nacionalización de sus acciones (50,001%) en la generadora eléctrica Guaracachi.
La compañía informó ayer en su portal de internet que espera recaudar 425.000 libras esterlinas ($us 700.018, al tipo de cambio actual) por la colocación de 4,25 millones de nuevas acciones ordinarias a dos peniques cada una.
“Los beneficios netos de la colocación serán utilizados para acelerar los preparativos para iniciar el proceso de arbitraje de demanda de indemnización contra el Gobierno de Bolivia por la nacionalización de su participación en la Empresa Guaracachi SA, en poder de su filial de Estados Unidos, América Guaracachi Inc”, señala el comunicado de la firma.
El 24 de mayo, La Razón publicó que Rurelec realizó una primera operación de este tipo y colocó 11 millones de nuevas acciones ordinarias para recaudar 1,1 millones de libras esterlinas ($us 1,7 millones). La compañía señaló entonces que “parte de los ingresos netos procedentes de la colocación serán utilizados para financiar este costo” de la disputa.
El 22 de junio, el Gobierno invitó a Rurelec PLC a iniciar oficialmente en La Paz las negociaciones por la nacionalización de sus inversiones, ocurrida el 1 de mayo.
“El valor justo de mercado es muy superior a los 50 millones de libras ($us 32,1 millones) calculados como referencia en el valor libro de Guaracachi en Bolivia”, precisó el 3 de junio la firma, que exige también $us 5,5 millones “por los dividendos del 2009”
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