21 enero 2010

ETI pide $us 1.001 millones de enmienda

La compañía de capitales italianos Euro Telecom International NV (ETI), en su demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), pidió una compensación de más de 700 millones de euros ($us 1.001 millones) por la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), en la que tenía mayoría accionaria.

La información fue confirmada a La Razón por la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, quien explicó que se trataba de una demanda “al fósforo”, debido a que la transnacional provocó más daños económicos a la empresa y al Estado.

La Notificación de Arbitraje y Declaración de la Demanda entre la empresa ETI y el Estado Plurinacional de Bolivia (EPB), en el punto 3 de la parte de introducción señala a la letra: “Como resultado de las acciones expropiatorias ilegales de la demandada (EPB), la demandante (ETI) ha sufrido, y todavía sufre, muchas pérdidas serias. Estas pérdidas actualmente suman, mínimamente y sin perjuicio, más de 700 millones de euros (incluyendo las inversiones de la demandante)”.

En el marco de la capitalización de las empresas públicas, la transnacional se comprometió a invertir $us 610 millones en Entel. El Gobierno la nacionalizó el 1 de mayo del año 2008. En esa oportunidad, las autoridades del Poder Ejecutivo informaron que la demanda de ETI era de $us 350 millones y no de más de $us 1.000 millones, como refleja la documentación. En octubre del año 2007, antes de la nacionalización, el consorcio europeo ya había apelado al CIADI, luego de que el Estado recuperó el 49% de las acciones que pertenecían a los bolivianos, y que estaban en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El caso estuvo parado debido a que Bolivia decidió retirarse del CIADI; sin embargo, ahora la demanda debería pasar a otra entidad de arbitraje, luego de que la ex ministra Rocabado firmó dos acuerdos de arbitraje ad hoc, que le costaron el cargo.

Los acuerdos fueron impugnados por el Gobierno, de acuerdo con las declaraciones del actual ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho, quien además solicitó al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción investigue las acciones de la ex autoridad.

Posiciones

Menacho • Para el ministro Pablo Menacho, los acuerdos firmados significan la renuncia a derechos inherentes a la defensa del Estado, a objetar la competencia del centro arbitral y a la designación de árbitros.

Autoridad • En su defensa, la ex ministra Cecilia Rocabado dijo que actuó con plena facultad y en busca de que Bolivia también pueda ser demandante de los daños que le ocasionó la empresa ETI.

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