26 junio 2009

Consejeros de Cotel son investigados por atentado al servicio y asociación delictuosa

Los consejos de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz (Cotel) son investigados por el Ministerio Público por los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios públicos y por asociación delictuosa.

El fiscal que conoció el caso, Iván Córdova, emitió citaciones para que los implicados presenten sus descargos; en tanto que la solicitud de arraigo en su contra debe ser resuelta por el Juez de Instrucción Penal Cautelar.

El caso fue derivado al fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, y éste lo reasignó a los representantes del Ministerio Público Luis Calderón y Eduardo Sarmiento.

La denuncia fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) el 17 de junio y atendida por Córdova, quien estableció “que existían elementos probables de la comisión del delito de atentado en contra de los servicios públicos previsto en el artículo 224 del Código Penal”.

Sobre la denuncia de asociación delictuosa, indicó que serán las investigaciones las que demuestren si existen o no elementos de convicción en relación con este ilícito que está incluido en el artículo 132 del Código Penal.

Las personas investigadas son Fernando Dips, Vicente Arraya A., Víctor Roque G., Omar Saddud G., María Massi S., Jaime Siles H. Limbert Ayarde y Armando Jiménez. El atentado contra la seguridad de los servicios públicos, según Córdova, se denomina delito formal o “de peligro” porque no es necesaria la existencia de un resultado para que haya tal.

El sólo hecho de poner en peligro o riesgo la prestación de aquéllos ya consuma el delito; y éste se agrava si hay hechos concretos como la destrucción de equipos o la suspensión de las emisiones.

Un elemento importante para iniciar la investigación, dijo el fiscal, es el documento que la Dirección General de Cooperativas del Ministerio de Trabajo remite al Viceministerio del área, en el que se comunica que la deuda de Cotel asciende al 46 por ciento de su patrimonio. Los pasivos ascienden a 280 millones de bolivianos.

“Es decir, 4 por ciento más y estamos en quiebra técnica, y no podemos permitir, como Ministerio Público, que esto siga”.

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