30 junio 2009

Auditoría implica a interventor Böhrt en una compra irregular

Un informe de auditoría de la gestión 2004 a la Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz (Cotel) encontró “responsabilidad administrativa” del actual interventor, César Böhrt Urquizo, en la elaboración del pliego de especificaciones para la compra de 4.000 teléfonos públicos de la empresa Icatel y que no llegaron a instalarse en su totalidad en la ciudad.

La adquisición fue observada por supuestas irregularidades en el contrato y en la elaboración del pliego de especificaciones.

El informe establece además responsabilidad solidaria en los miembros del Consejo de Administración de entonces, entre ellos Fernando Dips. Esta adquisición se efectuó en 2004, cuando Böhrt era supervisor de Telefonía Pública en la cooperativa.

Según el primer informe de Auditoría Interna, AI-052-2006, de agosto de 2006, el actual Interventor de Cotel advirtió “dificultades técnicas” en los teléfonos públicos y el sistema Daruma, los que debían “ser sustituidos en forma inmediata”, por lo que solicitó la adquisición de un “sistema de gestión y tarjetas prepago”.

Un informe ampliatorio de Auditoría Interna, AI-076-2006, de octubre de 2006, al que tuvo acceso La Prensa, señala que “existe indicios de responsabilidad administrativa” en César Böhrt Urquizo, ex supervisor de Telefonía Pública de la cooperativa, y Gonzalo Saldías, ex gerente Técnico, quienes elaboraron el pliego de especificaciones en el que se halló “errores u omisiones”.

Y complementa: “Por haber elaborado el pliego de especificaciones en forma totalmente displicente y negativa para Cotel, ya que todo el proceso de contratación se hace en base al pliego”.

También menciona que ambos funcionarios permitieron que Icatel participe en la elaboración del documento.

Böhrt, a través de su departamento de Relaciones Públicas, manifestó que desconoce un proceso administrativo en su contra y que lo que se busca con este tipo de denuncias es desprestigiarlo en su profesión y su actual función.

La responsabilidad alcanza también a los miembros del Consejo de Administración de entonces, presidido por Pierre Chaín, como “responsables solidarios”, por haber firmado la autorización al inicio del proceso de licitación 004/2004 para la compra de 4.000 aparatos telefónicos a tarjeta prepago con sistema de gestión, “sin tener conocimiento de la solicitud escrita”.

Dips aseveró que esta adquisición generó una pérdida de más de 12 millones de bolivianos, ya que a Icatel se le pagó más de 1,8 millones de dólares.

De los 4.000 aparatos (2.000 externos y 2.000 internos), sólo 1.000 fueron instalados, los que actualmente no son utilizados por la ciudadanía; el resto se encuentra en depósitos. “En cuatro años, esa compra generó ingresos que llegan a unos 300.000 bolivianos, que no representan ni el

1 por ciento de lo que se pagó”. Agregó que otra irregularidad fue que el pliego que elaboró Böhrt era de conocimiento de la empresa proponente.

Según el informe de Auditoria Interna, el pliego de especificaciones técnicas fue elaborado en primera instancia por Böhrt con la asistencia de Saldías, y éste debía realizar la revisión del documento; sin embargo, “delega esta función a Francisco Matulovic, gerente general de Icatel”.

Esta afirmación está respaldada por un correo electrónico que le habría enviado Matulovic al actual Interventor de Cotel y que señala: “...de acuerdo a lo solicitado por Gonzalo (Saldías), te envío en anexo el pliego revisado....”.

Contratan a 40 empleados

El interventor de la Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz (Cotel), César Böhrt, habría contratado a 40 personas, entre abogados, gerentes de áreas y auditores, y otorgado vacación a funcionarios que ejercían determinados cargos en la entidad.

La oficina de Relaciones Públicas negó esas contrataciones y sostuvo que la comisión interventora está conformada por un número reducidos de profesionales.

Dicha contratación fue dada a conocer por el ex presidente del Consejo de Administración Fernando Dips, quien cuestionó el hecho porque este nuevo personal representará un costo adicional a la entidad que, según el Gobierno, está al “borde de la quiebra”.

“Han entrado cinco abogados, gerentes de Planificación, de Sistemas, de Finanzas, Comercial, auditores y coordinadores de piso, obviamente inflando la planilla de gastos”.

Según Dips, estas personas serían ex funcionarios de la desaparecida Superintendencia de Telecomunicaciones (Sittel), donde Böhrt trabajó, y del Ministerio de Trabajo.

Esta información habría sido proporcionada por los empleados de la cooperativa, quienes también indicaron que a nueve gerentes de Cotel les dieron vacación.

Más datos

El Gobierno intervino la cooperativa por presuntos malos manejos económicos.

También cuestionó la prórroga de los consejeros de Administración y de Vigilancia.

La actuación gubernamental fue precedida por presiones de diputados del MAS.

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